Anabel Marín2
Resumen
Argentina y Chile se han consolidado como proveedores clave de minerales críticos esenciales para la transición energética global. Sin embargo, la expansión de la actividad minera en ambos países ha generado amplios conflictos socioambientales. Este artículo analiza la escala, las causas y los resultados de la resistencia de la sociedad civil a la minería, a partir de una revisión de más de 180 fuentes y un mapeo de 36 casos de conflicto. Sostiene que estos conflictos no son episodios aislados, sino fenómenos generalizados, políticamente significativos y cada vez más influyentes en la configuración de estrategias para una transición justa. Lideradas por actores diversos —comunidades indígenas, asambleas locales, organizaciones no gubernamentales y gobiernos municipales—, estas resistencias han logrado en muchos casos frenar proyectos, impulsar reformas legales y generar innovaciones desde abajo. Si bien estas resistencias ponen en evidencia las fallas de los modelos de gobernanza actuales, también proponen estrategias alternativas basadas en la justicia territorial y la participación democrática. Se propone por lo tanto que las mismas no deben entenderse como un obstáculo, sino como un posible catalizador de transformaciones institucionales y políticas.
Abstract
Argentina and Chile have emerged as key suppliers of critical minerals essential to the global green transition. Yet the expansion of mineral extraction in both countries has triggered widespread socioenvironmental conflict. This article examines the scale, drivers, and outcomes of civil society resistance to mining, based on a review of over 180 sources and original mapping of 36 conflict cases. It argues that these conflicts are not isolated or episodic, but pervasive, politically significant, and increasingly Vol. 56 Nro. 2 noviembre de 2025 ‘Luchas por la justicia en la transición energética: voces desde la primera línea’ 148 | Marín Resistencias civiles a la minería: impulsando transiciones energéticas justas en Argentina y Chile influential in shaping the strategies for a just transition. Led by diverse actors – indigenous communities, local assemblies, non-governmental organisations, and municipal governments – resistance has often succeeded in blocking projects, prompting legal reforms, and generating bottom-up innovations. While resistance highlights failures in current governance models, it also advances alternative visions rooted in territorial justice and democratic participation. Civil society resistance should be recognised not as a barrier but as a potential catalyst for institutional and policy transformation.
Resumo
A Argentina e o Chile emergiram como fornecedores centrais de minerais críticos essenciais à transição energética global. No entanto, a expansão da extracção mineira em ambos os países desencadeou conflitos socioambientais generalizados. Este artigo analisa a escala, os factores determinantes e os resultados da resistência da sociedade civil à mineração, com base numa revisão de mais de 180 fontes e no mapeamento original de 36 casos de conflito. Defende-se que estes conflitos não são isolados ou episódicos, mas sim omnipresentes, politicamente significativos e cada vez mais influentes na definição das estratégias para uma transição justa. Liderada por actores diversos – comunidades indígenas, assembleias locais, organizações não-governamentais e governos municipais – a resistência conseguiu, em muitos casos, bloquear projectos, promover reformas legais e gerar inovações de base. Embora revele falhas nos actuais modelos de governação, esta resistência também projecta visões alternativas, assentes na justiça territorial e na participação democrática. A resistência da sociedade civil deve ser reconhecida não como um obstáculo, mas como um potencial catalisador de transformação institucional e política.
Palabras clave movilización cívica, transiciones energéticas justas, extracción de minerales, conflicto social, justicia ambiental, gobernanza de los recursos, participación de la sociedad civil, política industrial verde, minerales críticos, Argentina y Chile.
Argentina y Chile albergan algunas de las mayores reservas de litio y cobre del mundo, minerales fundamentales para la transición energética. Con sectores mineros relativamente liberalizados y abiertos, ambos países aspiran a posicionarse como proveedores clave de estos minerales a nivel global.
Sin embargo, este posicionamiento estratégico está cada vez más atravesado por tensiones. En ambos países, los proyectos mineros enfrentan una resistencia sostenida, visible y, en muchos casos, altamente efectiva por parte de actores de la sociedad civil. Comunidades, pueblos indígenas, organizaciones ambientalistas y gobiernos locales cuestionan las iniciativas extractivas desde perspectivas ambientales, territoriales, políticas y epistémicas. Estas dinámicas convierten a Argentina y Chile en casos relevantes para comprender cómo la resistencia social está transformando la gobernanza extractiva en la actualidad.
El presente artículo examina la escala, las características y las implicancias de estos conflictos. A partir de una revisión de estudios previos y documentos de política, junto con el análisis empírico de casos emblemáticos y un mapeo geográfico exhaustivo de los conflictos territoriales en estos dos países, se plantea cuatro preguntas orientadoras:
1 ¿Qué tan extendida está la oposición a la extracción de minerales en Argentina y Chile?
2 ¿Quiénes resisten, con qué estrategias, y qué voces están representadas en esa resistencia?
3 ¿Cómo han respondido los gobiernos y las empresas?
4 ¿Cuáles son las implicancias de estas dinámicas para la justicia, la gobernanza y la transformación?
La revisión de literatura se basó en una búsqueda sistemática en Scopus (2010–2024) de trabajos académicos sobre conflictos mineros y participación comunitaria en Argentina y Chile. De un total de 182 resultados, se excluyeron 66 por ser irrelevantes y 83 por no centrarse en conflictos, quedando 33 artículos para una revisión detallada. Además, se incorporaron manualmente siete trabajos de literatura gris para incluir casos clave de conflicto que no aparecieron en la búsqueda inicial.
El mapeo geográfico se apoyó en dos tipos de fuentes: (1) datos oficiales sobre actividades mineras, incluyendo Faenas Mineras (Ministerio de Minería), Proyecto SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) y la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) en Chile, así como el SIACAM (Ministerio de Minería) y el portal de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en Argentina; y (2) observatorios de conflicto como el Environmental Justice Atlas, el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Chile) y el Observatorio de Conflictos Sociales (Argentina). Cada proyecto minero en Chile y Argentina fue georreferenciado y caracterizado según los actores involucrados, las formas de resistencia y las respuestas institucionales.
Este artículo enmarca el análisis de los conflictos en el sector minero a partir la literatura reciente sobre transiciones y transformaciones justas. Mientras que las “transiciones” refieren a cambios sectoriales y tecnológicos hacia sistemas bajos en carbono, las “transformaciones” implican reconfiguraciones más profundas y sistémicas de las relaciones políticas, económicas y sociales (Scoones, Newell y Leach 2020; Newell, Price y Daley 2024). El concepto de justicia se utiliza aquí en un sentido multidimensional, que incluye la justicia procedimental (quién participa en la toma de decisiones), la justicia de reconocimiento (qué derechos, saberes e identidades son valorados) y la justicia distributiva (cómo se reparten los beneficios y perjuicios) (Newell et al. 2024; Sovacool et al. 2019). Estas dimensiones están interrelacionadas y suelen ser objeto de disputa en los conflictos extractivos.
El poder cívico refiere a la capacidad colectiva de los actores de la sociedad civil para hacer valer derechos, cuestionar los arreglos dominantes de gobernanza y negociar condiciones más justas y democráticas para la extracción de minerales. Tiene capacidad de influir tanto en la justicia como en la viabilidad política de la transición energética (Gaventa 2006; Marín y Palazzo 2025). Investigaciones comparativas previas demostraron que esta capacidad se ejerce de maneras distintas según el contexto. Las herramientas legales pueden abrir caminos hacia un mayor reconocimiento de los derechos de las poblaciones locales y sus reclamos cuando las instituciones son receptivas, mientras que la protesta directa suele ser más efectiva en contextos de exclusión (Akchurin 2020; Temper et al. 2020). Este enfoque orienta las secciones empíricas que siguen en este artículo y particularmente la discusión sobre prácticas alternativas de gobernanza y demandas de justicia que emergen de los conflictos (Newell et al. 2024; Temper et al. 2020).
La evidencia empírica analizada sugiere que la resistencia de la sociedad civil a la extracción de minerales en Argentina y Chile no es ni aislada ni marginal. Se trata de una resistencia extendida, persistente y diversa en sus formas. Esta incluye desde acciones legales y protestas directas hasta mecanismos de monitoreo participativo y prohibiciones municipales. Estos conflictos no operan solamente como reacciones ante proyectos específicos o daños ambientales, sino que se estructuran como respuestas a preocupaciones más amplias sobre la exclusión, la legitimidad y la gobernanza de los recursos comunes. En definitiva, cuestionan los modelos de desarrollo que históricamente han sustentado la extracción minera en ambos países y exigen nuevas formas de rendición de cuentas y de respuesta institucional.
La principal contribución de este artículo es empírica. Sus hallazgos se sitúan dentro de una literatura creciente que entiende el conflicto socioambiental no solo como un desafío, sino también como un posible catalizador de cambio institucional y político (Temper y Del Bene 2016; Walter y Wagner 2024). Trabajos recientes han diferenciado entre enfoques instrumentales, simbólicos y transformadores de la participación en la gobernanza de los recursos, destacando las limitaciones de los dos primeros para abordar los conflictos existentes y promover cambios significativos (Marín y Cremaschi 2025a). Aunque estos marcos no constituyen el eje central del análisis, se retoma esta discusión en las secciones finales para reflexionar sobre cómo la resistencia puede contribuir a reconfigurar las instituciones extractivas, los procesos de toma de decisiones y las concepciones y prácticas de justicia en el marco de la transición.
Argentina y Chile ofrecen casos valiosos para comprender las tensiones que rodean la extracción de minerales críticos en el contexto de la transición energética global. Ambos países desempeñan un papel estratégico creciente como proveedores de litio y cobre, insumos clave para las tecnologías bajas en carbono. Al mismo tiempo, comparten una larga historia de resistencias socioambientales y respuestas estatales que van desde reformas participativas hasta medidas autoritarias. Estos conflictos están atravesados por un legado colonial que sigue reproduciéndose a través de arreglos de gobernanza basados en el mercado, reforzando desigualdades territoriales y procesos de exclusión, dinámicas comunes en muchos países de ingreso bajo y medio que hoy son “convocados” a proveer los materiales necesarios para una transformación verde a escala global.
A pesar de estas similitudes, la comparación resulta analíticamente productiva: Chile ha sido históricamente un país minero destacado, mientras que Argentina es un actor más reciente y aún disputado en este ámbito, representativo de otros contextos ricos en recursos pero marcados por desigualdades económicas e institucionales. El contraste entre sus marcos institucionales y trayectorias de desarrollo en relación con la minería permite comprender mejor cómo los actores de la sociedad civil se relacionan con (y transforman) los términos de la gobernanza extractiva en distintos tipos de contextos.
El artículo se organiza de la siguiente manera. La Sección 2 describe el contexto político y económico de la gobernanza extractiva en ambos países. La Sección 3 define los conflictos a partir del análisis empírico, examinando su extensión, los actores involucrados, sus demandas, estrategias, respuestas e impactos. La Sección 4 analiza las respuestas gubernamentales y empresariales. La Sección 5 reflexiona sobre el potencial de respuestas transformadoras y replantea el rol del conflicto en la construcción de enfoques más legítimos y democráticos para la gobernanza de los minerales. La Sección 6 concluye con reflexiones más amplias sobre justicia, sostenibilidad y futuras líneas de investigación.
2.1 El impulso verde y el imperativo extractivo
La transición hacia energías limpias ha desencadenado una carrera global por los denominados minerales críticos. El litio, el cobre, el níquel y las tierras raras son fundamentales para el almacenamiento de energía, los vehículos eléctricos y las tecnologías renovables (IEA 2024). Si bien la dirección precisa de esta carrera dependerá de la evolución política en los principales países consumidores —como Estados Unidos, China y la Unión Europea, especialmente en lo que respecta al abastecimiento de minerales críticos—, se proyecta que la demanda crecerá significativamente en todos los escenarios. Esto es aún más cierto en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, donde la importancia estratégica de los minerales críticos va más allá de la transición verde. Estos minerales son cada vez más reconocidos como esenciales para la seguridad nacional, debido a su papel en sistemas de armamento, tecnologías militares e infraestructuras digitales.
Tanto Argentina como Chile han respondido con estrategias agresivas orientadas a expandir la extracción y atraer inversiones, posicionándose como actores indispensables en la transición energética global (Calzada Olvera y Vergara- Fernández 2024; Barberón 2023).
Si bien la expansión del sector minero ofrece nuevas oportunidades económicas en términos de divisas, empleo y política industrial, también plantea desafíos profundos en materia de gobernanza, legitimidad social y sostenibilidad ambiental (Marín y Goya 2021). En ambos países, actores de la sociedad civil han expresado preocupaciones de que la transición verde podría reproducir antes que revertir las injusticias sociales y ambientales históricamente asociadas con los modelos extractivos de desarrollo (Murguía y Obaya 2024; Dorn y Gundermann 2022; Jerez, Bolados y Torres 2023). No obstante, sus marcos institucionales, economías políticas e historias de gobernanza de los recursos naturales difieren de manera significativa. Estas diferencias inciden en cómo emergen, se visibilizan y se desarrollan los conflictos socioambientales (por ejemplo, si derivan en acuerdos o en escaladas).
2.2 Argentina: federalismo, liberalización y resistencias locales
Argentina no es históricamente un país minero. En 2022, el sector representaba menos del 1 % del producto interno bruto (PIB) y el 6 % de las exportaciones, con una contribución modesta al empleo y a la recaudación fiscal (Marín et al. 2021). Sin embargo, desde la década de 1990, distintos gobiernos han promovido la minería como una palanca para el desarrollo y la diversificación. Leyes clave —como la Ley de Inversiones Mineras de 1993 y el Acuerdo Federal Minero de 2004— establecieron incentivos fiscales, estabilidad tributaria y garantías para los inversores extranjeros, con el objetivo de integrar a Argentina en las cadenas de valor extractivas globales.
En paralelo, la resistencia local ha ganado fuerza, moldeando la trayectoria de los proyectos e influyendo tanto en políticas provinciales como nacionales orientadas a expandir la minería (Walter 2008; Marín et al. 2021). El plebiscito de Esquel en 2003, donde más del 80 % del electorado rechazó un proyecto de mina de oro, marcó un punto de inflexión en este sentido, desencadenando una serie de prohibiciones provinciales y municipales sobre la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Entre 2003 y 2012, más de una docena de provincias adoptaron este tipo de restricciones —Chubut (Ley 5001, 20033), Mendoza (Ley 7722, 20074) y Córdoba (2008)— con argumentos centrados en la amenaza al agua, los riesgos de contaminación y la falta de consulta (Walter y Wagner 2021).
A esto se suma que los intentos recientes de autoridades federales y provinciales por revertir las prohibiciones han enfrentado sistemáticamente una fuerte resistencia ciudadana. En Mendoza, las masivas protestas de 2019 llevaron a la derogación de reformas a la Ley 7722 (Página/12 2019) que habrían debilitado las salvaguardas ambientales. En Chubut, una movilización de gran escala en 2021 forzó la anulación de una nueva legislación pro-minera (Marín 2023a). En Jujuy (2023), una reforma constitucional orientada a facilitar la extracción de litio y restringir el derecho a la protesta generó una amplia oposición (ibid.). Las movilizaciones, lideradas por comunidades indígenas como los Kollas y los Atacameños, y respaldadas por sindicatos, docentes y juventudes, enfrentaron represión estatal, pero lograron que se revisara parcialmente la reforma.
La resistencia también está emergiendo en etapas más tempranas del ciclo extractivo. En Salta, el municipio de Cachi aprobó ordenanzas en 2022 y 2023 para frenar la exploración de litio, citando preocupaciones ambientales y disputas por el agua y la tierra planteadas por las poblaciones locales, incluso antes del inicio de operaciones a gran escala (Marín 2022).
2.2.1 Contexto regulatorio e impacto de la resistencia
El régimen minero nacional en Argentina se caracteriza por reglas de inversión liberales y una autoridad descentralizada. Mientras el gobierno federal establece los lineamientos ambientales básicos y promueve la inversión, las provincias que poseen los recursos naturales se encargan de otorgar permisos y aplicar las normas ambientales (Marín et al. 2021). Esta división de responsabilidades refleja la estructura federal del país y ha moldeado profundamente la evolución tanto de la gobernanza minera como de las resistencias.
El sistema descentralizado ofrece espacios institucionales para la movilización cívica. Las autoridades locales y provinciales pueden adoptar herramientas legales para restringir o bloquear actividades extractivas, lo que le permite a las comunidades un mayor grado de influencia sobre los resultados. Sin embargo, esta misma fragmentación debilita la coherencia de las políticas, dificulta la coordinación y limita la aplicación de derechos participativos y salvaguardas ambientales a nivel nacional (Marín, Murguía e Itoiz 2024).
2.3 Chile: gobernanza centralizada y una crisis emergente de legitimidad
Chile se ha posicionado históricamente como un país minero por excelencia. Es el principal productor mundial de cobre y uno de los mayores exportadores de litio. La minería representa el 12 % del producto interno bruto (PIB), el 56 % de las exportaciones y cerca del 20 % de los ingresos fiscales (Vásquez 2021). Durante décadas, el sector gozó de un amplio consenso político como pilar del desarrollo nacional.
Sin embargo, ese consenso se ha ido erosionando. Desde los años 2000, y especialmente tras el estallido social de 2019, la minería se ha convertido en un ámbito creciente de disputa (Soto Hernández y Newell 2022; Marín 2022). Una serie de conflictos emblemáticos ilustra este cambio.
El proyecto Dominga, en la región de Coquimbo, fue detenido tras más de una década de disputas legales y controversias públicas (Laborde 2024; Malinowski 2023; Medina 2023). Grupos de la sociedad civil —esto es, comunidades pesqueras, organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas, biólogos marinos y defensores legales— se opusieron al proyecto por las amenazas que representaba para los ecosistemas marinos y las áreas protegidas. En 2023, el Consejo de Ministros rechazó el proyecto, citando preocupaciones ambientales y procedimentales en un contexto de creciente presión pública.
El proyecto Pascua Lama, una mina binacional de oro y plata liderada por Barrick Gold, enfrentó también una resistencia sostenida por parte de comunidades indígenas diaguitas, defensores ambientales y redes de incidencia transnacional (Dorn y Gundermann 2022; Haslam y Godfrid 2020; Reuters 2013; Jamasmie 2024). Las principales preocupaciones se centraban en los daños a glaciares, la contaminación del agua y la falta de consulta. Años de movilización (incluyendo protestas y acciones legales) llevaron a que los tribunales chilenos primero suspendieran y, finalmente, cancelaran el proyecto, citando daños ambientales irreversibles y el incumplimiento de los requisitos de mitigación. Estos casos muestran cómo la resistencia multiescalar, es decir, desde las bases hasta los tribunales y plataformas internacionales, puede reconfigurar la gobernanza extractiva (Marín, Palazzo y Morales 2024; Godfrid 2016; Böhling, Murguía y Godfrid 2017).
En el Salar de Atacama, donde se concentra la mayor parte de las reservas de litio de Chile, las comunidades indígenas, y en particular el pueblo Lickanantay, han liderado una movilización sostenida contra la gobernanza extractiva (Catherman 2020; Soto Hernández y Newell 2022). Entre 2019 y 2021, el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) presentó acciones legales contra la agencia estatal de desarrollo económico, la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (CORFO), por haber firmado contratos con la empresa chilena privada Sociedad Química y Minera (SQM) y la productora estadounidense de litio Albemarle, sin realizar procesos de consulta previa. Las apelaciones ante tribunales ambientales y foros internacionales llevaron a la renegociación del acuerdo con Albemarle y a un mayor escrutinio de la gobernanza del litio en Chile (Dorn y Gundermann 2022; Soto Hernández y Newell 2022).
Las tensiones se intensificaron entre 2023 y 2024 con la implementación de la Estrategia Nacional del Litio5 bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric. La iniciativa del primer mandatario propuso una alianza público–privada entre la empresa estatal Codelco y SQM en el Salar de Atacama. Aunque fue presentada como un modelo liderado por el Estado, el acuerdo fue duramente criticado por organizaciones indígenas por haberse concretado sin consulta previa. A comienzos de 2024, líderes Lickanantay organizaron cortes de ruta y emitieron declaraciones públicas rechazando el acuerdo y exigiendo mecanismos de cogobernanza. Si bien el gobierno se comprometió a realizar futuras consultas, representantes indígenas argumentaron que estas deben preceder cualquier tipo de acuerdo, no seguirlo (IWGIA 2024).
2.3.1 Contexto regulatorio e impacto de la resistencia
La gobernanza centralizada de Chile ha permitido reformas de política más cohesionadas que en Argentina, que incluyen por ejemplo el desarrollo de marcos ambiciosos como la Estrategia Nacional del Litio de 2023. Sin embargo, su enfoque vertical ha generado también una crisis de legitimidad (Flores Fernández 2025). Acuerdos alcanzados sin consulta previa han provocado acciones directas, como la ocupación del salar en 2024, y renovadas demandas por una participación indígena vinculante. Los reiterados fracasos en los procesos de reforma constitucional han expuesto además las divisiones sociales en torno a cómo deben gobernarse los recursos naturales y los derechos.
Con base en la revisión de fuentes académicas y de política pública, así como en el ejercicio de mapeo, en esta sección se presenta una visión estructurada de la escala, los actores, las estrategias y los resultados de la resistencia. También se describen casos ilustrativos para mostrar cómo estas dinámicas están configurando transformaciones en la gobernanza.
3.1 ¿Qué tan extendida está la resistencia?
El mapeo muestra que la resistencia no se limita a incidentes aislados: es generalizada y recurrente. Aproximadamente el 50 % de todos los proyectos mineros de mediana y gran escala en ambos países ha enfrentado conflictos activos o latentes (Marín 2023b). En Chile, 52 de los 102 proyectos activos en 2022 estuvieron involucrados en algún tipo de confrontación con actores de la sociedad civil. En el caso de Argentina, 9 de los 18 proyectos activos fueron objeto de disputa (Marín 2023b; Marín y Cunial 2025).
Sin embargo, no todas las regiones experimentan la misma intensidad de conflicto. En Argentina, la resistencia se concentra particularmente en provincias como Jujuy y Mendoza, donde la competencia por recursos locales, la presencia de organizaciones de base fuertes, marcos de gobernanza favorables, movimientos ambientalistas y mecanismos legales — como las ya mencionadas prohibiciones municipales— crean un terreno fértil para la contestación. En Chile, regiones como Atacama, donde la extracción de litio se superpone con territorios indígenas y zonas ecológicamente sensibles, son focos de oposición debido a fuertes demandas territoriales y preocupaciones ambientales. Estos patrones subrayan la importancia de los contextos sociopolíticos regionales en la configuración de la visibilidad y la intensidad del conflicto.
Es importante destacar también que, en ambos países, el activismo y la resistencia no se limitan a las zonas de extracción (Svampa 2019, 2020; Aranda 2013). Los movimientos suelen conectar las luchas locales con campañas nacionales más amplias por los derechos ambientales e indígenas, como se ha visto en las manifestaciones masivas en Buenos Aires y Santiago en respuesta a reformas relacionadas con la minería.
3.2 ¿Quiénes resisten y por qué?
La resistencia está liderada por coaliciones amplias y diversas de actores. Esto incluye comunidades indígenas que defienden derechos sobre la tierra, el agua y la cultura; asambleas territoriales, a menudo de estructura horizontal e intergeneracional; y organizaciones no gubernamentales ambientalistas. A esto se suman académicos y expertos legales, que brindan apoyo técnico y jurídico, y los gobiernos municipales y locales que desempeñan un papel clave, particularmente en Argentina, donde las provincias y municipios tienen la autoridad para legislar prohibiciones. Finalmente, grupos religiosos, organizaciones juveniles y sindicatos aportan legitimidad, capacidad de movilización y visibilidad mediática a estos esfuerzos.
Estos actores colaboran con frecuencia. En Chubut, comunidades indígenas (mapuches y tehuelches), jóvenes urbanos, abogados y sindicatos coordinaron protestas masivas. En la región de Atacama en Chile, alianzas entre pueblos indígenas y redes nacionales de incidencia han dado lugar a demandas judiciales contra grandes empresas mineras. La formación de estas alianzas ha sido impulsada, en muchos casos, por preocupaciones compartidas sobre los derechos al agua, la autonomía territorial y las desigualdades percibidas en los actuales esquemas de gobernanza. Esta resistencia, arraigada territorialmente pero al mismo tiempo interconectada geográfica y sectorialmente, ha fortalecido su legitimidad e influido en los debates de política pública a nivel nacional (Carmona 2023; Harasim 2020; Soloman 2025).
Es importante destacar que, a diferencia de otras regiones del mundo, como es el caso de África subsahariana o el sudeste asiático donde las ONG internacionales suelen desempeñar un rol visible y protagónico en la defensa ambiental y de los derechos humanos, la resistencia de la sociedad civil en América Latina —y particularmente en Argentina y Chile— ha sido históricamente más de base y con un fuerte anclaje territorial. Actores locales y regionales (por ejemplo, comunidades indígenas, asambleas territoriales, ONG locales e instituciones académicas) suelen liderar estos procesos, apoyándose en sólidas tradiciones de movilización y activismo jurídico (Romero-Toledo 2019; Hadad 2020). Si bien las ONG internacionales pueden apoyar o amplificar estos esfuerzos, en general desempeñan un papel secundario o complementario. Su contribución ha sido particularmente valiosa para ayudar a los actores locales a involucrarse estratégicamente en espacios transnacionales, como foros de Naciones Unidas, redes de inversores y plataformas de regulación ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). De esta manera, se aprovechan reclamos legales, difusión en medios internacionales y alianzas con la diáspora y redes académicas para internacionalizar las luchas.
Las causas de la oposición a los proyectos son diversas, pero varios motivos comunes aparecen de manera recurrente. Entre ellos se encuentran el estrés hídrico y la contaminación del agua, especialmente en zonas de extracción de litio —una preocupación presente en el 31,7 % de los casos chilenos (Odell 2021); las demandas por una distribución justa de beneficios, presentes en casi todos los casos y a menudo superpuestas con otros reclamos (Walter y Wagner 2021); y el daño a la biodiversidad y a ecosistemas frágiles, reportado en el 24,8 % de los casos documentados (Banerjee, Maher y Krämer 2021). Además, la falta de consulta, en particular a los pueblos indígenas (Bustos, Folchi y Fragkou 2017), así como la disrupción de actividades económicas tradicionales y el debilitamiento de la cohesión social (Urkidi 2010), suelen ser factores que impulsan la oposición.
3.3 ¿Cómo se organiza la resistencia?
Los movimientos sociales despliegan un repertorio amplio y en constante evolución de estrategias que combinan herramientas legales, institucionales, simbólicas y técnicas. Estas incluyen la protesta pública y la acción mediática, presentes en el 95 % de los casos documentados (Palmisano 2020); la desobediencia civil, vigilias, intervenciones culturales y marchas por el agua (Möhle 2021; Hadad y Palmisano 2017); y acciones legales, como las demandas interpuestas contra SQM y CORFO en Chile por no respetar los requisitos de consulta indígena (Romero-Toledo, Videla y Gutiérrez 2017).
Otras estrategias incluyen referendos y ordenanzas municipales — como el plebiscito de Esquel de 2003 y las ordenanzas aprobadas en Cachi (Salta) en 2022 y 2023 (Urkidi y Walter 2011); la producción de saberes territoriales y contra-expertos, como evaluaciones de impacto ambiental (EIA) realizadas por las propias comunidades y propuestas de desarrollo alternativas (Cortez y Maillet 2018); y la impugnación de procesos formales cuestionados a través de iniciativas locales, como los monitoreos comunitarios de calidad del agua en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina 2010).
Estas estrategias frecuentemente se superponen y evolucionan. En Jujuy, por ejemplo, las asambleas combinaron ciencia ciudadana, incidencia internacional y acción directa para impugnar las reformas constitucionales. Además, el aprendizaje transfronterizo, escenario que se observa particularmente entre provincias en Argentina y entre algunas regiones productoras de litio en ambos países, ha contribuido a un repertorio de resistencia cada vez más sofisticado y en expansión (Paredes 2018).
Como se señaló anteriormente, las diferencias institucionales entre Argentina y Chile ayudan a explicar las variaciones en la efectividad de las estrategias de resistencia (Haslam y Godfrid 2023). En Chile, donde la gobernanza es más centralizada, el poder judicial se ha convertido en un ámbito clave de disputa. Los movimientos sociales y las organizaciones indígenas recurren con frecuencia a litigios y apelaciones constitucionales, particularmente a través de los tribunales ambientales y la Corte Suprema, en muchos casos con resultados favorables.
En contraste, el sistema federal argentino otorga a las provincias la propiedad de los recursos naturales y una mayor autonomía para regular la actividad minera. Esta descentralización genera puntos de apoyo más directos para las comunidades locales, que pueden movilizarse para influir sobre las autoridades municipales y provinciales. En consecuencia, herramientas como las ordenanzas locales, la legislación provincial y los mecanismos participativos (plebiscitos y consejos ambientales, por ejemplo) desempeñan un papel más destacado en la configuración de las políticas extractivas. El grado relativamente mayor de rendición de cuentas de los responsables políticos subnacionales hacia sus electorados, combinado con sólidas tradiciones de organización territorial, ayuda a explicar el éxito de las prohibiciones provinciales y las innovaciones regulatorias impulsadas desde abajo en el caso argentino.
3.4 ¿Qué se demanda?
En el centro de muchas de estas resistencias se encuentra una disputa en torno a la política del conocimiento territorial. En este sentido, no se trata solo de una disputa por la tierra o el agua, ni de quién concentra los beneficios, sino de qué visiones del desarrollo y la sostenibilidad son legitimadas en el desarrollo y ejecución políticas públicas. Esto se refleja en demandas que han evolucionado desde preocupaciones iniciales sobre mitigación de riesgos y compensación hasta llamados más profundos a una transformación estructural en la gobernanza, orientada a formas más participativas y al reconocimiento de saberes diversos. Muchos movimientos sociales, aunque no todos, abogan por modelos de desarrollo basados en la justicia territorial, la gobernanza democrática y la sostenibilidad ambiental (Urkidi y Walter 2011).
Estos imaginarios territoriales se han cristalizado a través de dos procesos superpuestos: en primer lugar, las reivindicaciones indígenas de larga data que vinculan el agua, la tierra y la identidad (por ejemplo, la noción Lickanantay de ayllu territorio6 en Atacama); y en segundo lugar, la difusión de marcos anti-extractivistas —como el ‘Buen Vivir’ (‘Living Well’) y los discursos sobre los derechos de la naturaleza— a través de redes activistas translocales que se consolidaron luego de victorias emblemáticas como Esquel (2003) y Pascua Lama (2013). Las asambleas comunitarias, los intercambios de saberes transfronterizos y los litigios centrados en tribunales son los espacios en donde estas narrativas se han refinado colectivamente y expresado públicamente. Estas dinámicas reflejan lo que Temper et al. (2020) denominan una “configuración de los futuros climáticos por parte de los movimientos”, donde la contestación produce imaginarios orientados al futuro y a construir agencia política.
Las principales demandas incluyen las siguientes:
3.4.1 El derecho a decir no a proyectos que amenazan recursos vitales, en particular el agua7
La región de Atacama se había concentrado históricamente en demandas distributivas. Sin embargo, en 2023, la alianza litífera entre SQM y Codelco se enfrentó con cortes de ruta organizados por líderes indígenas que calificaron el acuerdo de “impuesto” y exigieron poder de veto y estructuras de cogobernanza.
Las comunidades indígenas cuestionan las operaciones de litio de SQM mediante la organización de esquemas locales de gobernanza del agua y la demanda de poder de decisión sobre el uso de los recursos, rechazando planes de extracción formulados sin su consentimiento.
3.4.2 Participación previa y vinculante, sin consulta simbólica después de tomadas las decisiones8
La masiva movilización en Jujuy en 2023 contra la reforma constitucional, que se leyó como un intento del gobierno de habilitar la expansión del litio sin consulta adecuada, ejemplifica también la demanda por una participación genuina en la formulación de políticas. La reacción pública llevó a la reversión parcial de la reforma. En Caimanes, Chile, habitantes afectados por el tranque de relaves El Mauro, operado por Minera Los Pelambres, han exigido participación previa y vinculante, reconocimiento legal de sus derechos y una participación plena en las decisiones ambientales, citando amenazas al suministro de agua y a sus medios de vida.
3.4.3 Autodeterminación territorial, incluyendo la defensa de sistemas de gobernanza indígena y protecciones ambientales9
En Chubut y Mendoza, las movilizaciones encabezadas por comunidades lograron revertir reformas legislativas que buscaban debilitar las restricciones a prácticas mineras tóxicas, reforzando así los reclamos por una gobernanza territorial autónoma. En el Valle del Huasco, en Chile, comunidades diaguitas se opusieron al proyecto Pascua Lama de Barrick Gold, denunciándolo como una forma de apropiación cultural y exigiendo autodeterminación territorial para proteger su identidad, sus tierras y el agua frente a la conversión del valle en una “zona minera”.
3.4.4 Reconocimiento de sistemas de conocimiento alternativos, incluyendo saberes ancestrales, experienciales y jurídicos sobre el territorio y la sostenibilidad10
Muchos movimientos rechazan explícitamente los enfoques tecnocráticos y argumentan que los conocimientos situados territorialmente constituyen una base legítima para la formulación de políticas. En Esquel (Argentina) y Pascua Lama (Chile), los movimientos anti mineros exigieron el reconocimiento de sistemas de conocimiento alternativos, al tiempo que crearon foros comunitarios y promovieron acciones legales para hacer valer comprensiones locales sobre sostenibilidad, territorio y justicia.
Estos ejemplos demuestran que la resistencia a los proyectos de minería no es meramente reactiva. Más bien, articula proyectos políticos e institucionales con mirada de futuro, que cuestionan los supuestos del extractivismo y amplían los términos del debate público. Como se muestra en la Sección 3.5, estas demandas han influido no solo en el discurso político, sino también en los marcos institucionales que legislan sobre la extracción de recursos y en las posibilidades de una transición justa en Argentina y Chile.
3.5 Efectos de la resistencia: impactos a nivel de proyecto, legales e institucionales
El análisis de 36 casos documentados muestra que los conflictos socioambientales en muchas ocasiones escalan, persisten y producen efectos concretos en las políticas y las prácticas. Solo el 18 % de los conflictos ha sido reportado como abordado o cerrado —aunque lo que se considera “cierre” varía significativamente entre las fuentes y no siempre implica una resolución consensuada o duradera. Mientras tanto, el 38 % permanece activo y el 33 % se clasifica como latente. Es importante destacar igualmente en este análisis que el 30 % de los casos resultó en la cancelación de proyectos, como por ejemplo el proyecto de plata Navidad (Pan American Silver s.f.; Minería & Desarrollo 2022) y el proyecto Dominga y Pascua Lama, mientras que el 43 % condujo a demoras o a la suspensión de operaciones mineras.
Sin embargo, los efectos de la resistencia van más allá de la paralización o el retraso de proyectos. Como muestra el análisis, y también los trabajos de Temper et al. (2020) y Marín y Palazzo (2025), la movilización sostenida ha contribuido y, aún más relevante, tiene el potencial de seguir contribuyendo a cambios institucionales de largo plazo.
En Argentina, la movilización reiterada ha llevado a la adopción de leyes provinciales que restringen el uso de sustancias y tecnologías peligrosas, particularmente aquellas asociadas a riesgos ambientales. El plebiscito de Esquel de 2003 fue seguido por la Ley 5001 en Chubut, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Motivadas por este antecedente, varias provincias adoptaron legislaciones similares: la Ley 7722 de Mendoza (2007) prohíbe el cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la minería metalífera, y exige aprobación legislativa para las evaluaciones de impacto ambiental (EIA). La Rioja (2007), Córdoba (2008), San Luis (2010) y Tierra del Fuego (2012) introdujeron restricciones o moratorias comparables. Estas leyes, frecuentemente criticadas por los defensores de la minería, son consideradas por la sociedad civil como victorias clave en la afirmación de derechos ambientales y territoriales.
En Chile, la contestación sostenida ha dado lugar a un mayor escrutinio de los marcos de gobernanza ambiental. El activismo y la litigación, en particular por parte de grupos indígenas y ambientalistas, han contribuido a fortalecer los requisitos de consulta y los procedimientos de evaluación ambiental bajo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Los tribunales han reconocido cada vez más la necesidad de consulta previa conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT s.f.) y han revocado permisos en casos donde los procedimientos fueron considerados insuficientes. Estos cambios reflejan cómo los movimientos han utilizado herramientas judiciales y administrativas para impulsar innovaciones regulatorias y reinterpretar normas existentes.
Además de la resistencia legal, las comunidades también han impulsado innovaciones institucionales desde abajo. En Jujuy (Argentina), por ejemplo, las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc desarrollaron su propio protocolo de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), titulado Kachi Yupi (Huellas de la Sal). Este protocolo establece procedimientos de relacionamiento con actores estatales y empresariales basados en la cultura local, reafirmando la autoridad indígena sobre la gobernanza territorial y ofreciendo una alternativa normativa a los enfoques extractivistas.
Otra innovación en este sentido es el uso de sistemas de monitoreo ambiental participativo, como las evaluaciones comunitarias del agua llevadas a cabo por organizaciones indígenas en esa misma región. Estas iniciativas van más allá de la protesta: institucionalizan mecanismos autónomos para el seguimiento de impactos ambientales, en muchos casos basándose en conocimientos indígenas y en las prioridades de las comunidades. De esta manera, fortalecen la rendición de cuentas al tiempo que afirman el control territorial desde abajo.
En Chile, un caso similar al mencionado en Jujuy es el marco de gobernanza propuesto por las comunidades Lickanantay (atacameñas), desarrollado durante las negociaciones con Codelco y SQM. Frustradas por décadas de exclusión y preocupadas por los impactos socioecológicos de la extracción de litio, estas comunidades han propuesto una estructura de co-gobernanza que prioriza la participación indígena vinculante en las salvaguardas ambientales, la distribución de beneficios y el monitoreo del agua. Al hacer valer sus derechos conforme al Convenio 169 de la OIT y ofrecer una alternativa al proceso de toma de decisiones extractivista, estas comunidades están reconfigurando activamente las normas de gobernanza, proponiendo mecanismos que reflejan valores territoriales y cosmovisiones indígenas.
De manera más general, Marín y Palazzo (2025), en un mapeo global de eventos de conflicto y cooperación vinculados a la minería, encontraron que la colaboración y el cambio institucional significativo pueden surgir a partir del conflicto en muchos casos. Su análisis de más de 36.000 eventos de conflicto y 63.000 eventos de cooperación en todo el mundo muestra que la cooperación emerge con frecuencia en contextos de resistencia sostenida. Si bien altos niveles de polarización pueden reducir las posibilidades de un involucramiento constructivo, en muchos casos el conflicto ha funcionado como catalizador de la negociación, la reforma institucional y el desarrollo de nuevos mecanismos de gobernanza participativa. Estos hallazgos subrayan el potencial de la resistencia cívica no solo para bloquear proyectos perjudiciales, sino también para posibilitar y dar lugar a una gobernanza de las industrias extractivas más democrática y justa.
Las reacciones del Estado y las empresas frente a la resistencia socioambiental en Argentina y Chile incluyen un espectro que va desde la represión hasta la reforma. Sin embargo, la mayoría de las respuestas siguen siendo instrumentales, orientadas a contener la disidencia más que a abordar las injusticias estructurales (Haslam y Godfrid 2023; Marín y Cremaschi 2025b; Marín 2025). En el resto de esta sección, se describen los principales patrones, es decir, las medidas simbólicas y compensatorias, y esfuerzos de reforma de políticas, y se analiza por qué muchas respuestas resultan finalmente insuficientes.
4.1 Medidas simbólicas y compensatorias
Los gobiernos y las empresas suelen responder con gestos que buscan contener la disidencia, pero que no abordan los problemas estructurales de fondo. Se pueden identificar tres patrones recurrentes en este sentido. En primer lugar, las empresas implementan con frecuencia proyectos de responsabilidad social empresaria (RSE), como la construcción de caminos o centros de salud, o la oferta de empleos temporales. Los programas de microcréditos e infraestructura de Minera Alumbrera en Catamarca son emblemáticos de este enfoque, que, aunque visible, hace poco por mitigar los daños ambientales de largo plazo vinculados al uso del agua y los relaves, lo que lleva a una oposición persistente por parte de la comunidad (Böhling et al. 2017; Godfrid 2024).
En segundo lugar, los esquemas de participación pública suelen llevarse a cabo en etapas avanzadas de los proyectos, una vez que ya han sido otorgados los permisos. Un ejemplo claro son los roadshows de Codelco–SQM realizados en Atacama en 2024, los que se ha señalado fueron meramente informativos; las comunidades Lickanantay denunciaron el proceso como una puesta en escena (Marín y Cremaschi 2025b). En tercer lugar, empresas y autoridades a veces recurren a acuerdos de compensación selectiva, estableciendo mecanismos de distribución de beneficios con actores más proclives al acuerdo (como los pactos de reparto de agua con dos ayllus atacameños) mientras que al mismo tiempo marginan a los grupos disidentes y profundizan divisiones locales (Devenin 2021; Murguía y Obaya 2024). Estas medidas rara vez logran reconstruir la confianza en territorios marcados por largas historias de marginación y asimetrías extractivas (Godfrid 2024).
4.2 Esfuerzos de reforma política
Ha habido intentos dispares de institucionalizar marcos más inclusivos y sostenibles. En Chile, los avances más destacados incluyen la ampliación de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), la ratificación del Convenio 169 de la OIT (2008) para la consulta indígena, y la ratificación del Acuerdo de Escazú (CEPAL s.f.). La Estrategia Nacional del Litio (2023) propuso asociaciones público–privadas, aunque críticos señalaron la insuficiente consulta indígena en Atacama. Otras reformas, como la formalización del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) a principios de los años noventa y la regulación de los procesos de consulta en 2013, indican desplazamientos graduales hacia una gobernanza negociada de los recursos. En Argentina, provincias como Mendoza — incapaces de revertir leyes estrictas como la Ley 7722 sobre sustancias químicas en la minería — han optado en cambio por la gobernanza participativa. Estas medidas incluyen diálogos entre partes interesadas, evaluaciones ambientales estandarizadas, la creación de una agencia de desarrollo público–privada (Impulsa Mendoza SA) y un distrito minero designado en Malargüe destinado a concentrar actividades mineras de menor impacto. Si bien esta estrategia multinivel busca generar consensos, persisten tensiones en torno a las salvaguardas ambientales, y su legitimidad a largo plazo aún es incierta. Estas reformas ilustran tanto el potencial como la fragilidad de las experiencias participativas bajo una presión política y económica importante.
4.3 Por qué muchas respuestas fracasan
Tres limitaciones recurrentes socavan la efectividad de estas respuestas. En primer lugar, la participación suele producirse en una etapa tardía y las comunidades son incorporadas después de que se han tomado decisiones clave, lo que limita su capacidad para influir en los resultados (Ocampo-Melgar, Sagaris y Gironás 2019). En segundo lugar, el involucramiento tiende a ser selectivo, incluyendo únicamente a actores con disposición a cooperar, mientras se excluyen las voces disidentes, lo que puede profundizar divisiones internas (Conde y Le Billon 2017; Muñoz Vicuña 2023). En tercer lugar, los marcos de toma de decisiones frecuentemente marginan los saberes locales, privilegiando racionalidades corporativas, técnicas y jurídicas por sobre los valores culturales y espirituales (especialmente en territorios indígenas), reforzando aún más la desconfianza (Klein, Muñoz-Torres y Fernández-Izquierdo 2023).
Como sostienen Marín y Cremaschi (2025a), estos patrones reflejan una ‘política de participación’, que prioriza la legitimidad de la inversión por sobre la justicia transformadora. Esto genera una brecha persistente entre la “buena gobernanza” procedimental y la justicia sustantiva. El resultado es que muchas comunidades afectadas terminan cuestionando significativamente los procesos institucionales incluso cuando existen mecanismos formales de participación.
La evidencia presentada en este artículo revela que la resistencia a la minería en Argentina y Chile no es meramente reactiva. Es proactiva, organizada y cada vez más orientada a redefinir los términos del desarrollo. Estos conflictos cuestionan no solo los impactos ambientales y sociales de la extracción, sino también las instituciones, tecnologías, prácticas comunes y enfoques, supuestos y relaciones de poder que sustentan la gobernanza de los minerales.
Esta sección analiza estos hallazgos con el fin de repensar la manera en que se pueden llevar adelante las transiciones justas y la gobernanza extractiva de formas más legítimas, receptivas y sostenibles. La transformación participativa no se entiende, entonces, como una solución en sí misma, sino como un terreno de disputa y posibilidad en constante evolución.
5.1 Lo que revela la resistencia
En primer lugar, la resistencia revela de manera consistente una crisis de legitimidad en la gobernanza extractiva. En ambos países, los proyectos suelen ser percibidos como impuestos, independientemente de su legalidad formal o del cumplimiento de las regulaciones. Esta percepción se origina en varios factores: la estructura y el momento de la participación, que suele darse en etapas tardías y sin carácter vinculante; el desinterés por los saberes, valores y prioridades locales, particularmente en comunidades indígenas y rurales; y una desconexión más amplia entre las estrategias nacionales y la gobernanza territorial.
En segundo lugar, la resistencia visibiliza imaginarios territoriales alternativos: visiones del desarrollo basadas en el cuidado de los ecosistemas, la autonomía y los derechos intergeneracionales. Si bien estos imaginarios no siempre se traducen en propuestas institucionales, cuestionan la idea de que el extractivismo es el único o inevitable camino hacia el progreso. Como se analizó en la Sección 3.4, estas visiones emergen de epistemologías indígenas y del aprendizaje activista translocal, lo que sugiere que la resistencia también funciona como un laboratorio de nuevos imaginarios socioecológicos.
En tercer lugar, la resistencia puede funcionar como una forma de innovación institucional informal. Como muestran los casos de Esquel, Alumbrera y Atacama, actores de la sociedad civil han creado nuevos mecanismos de monitoreo ambiental, legislación local y coordinación translocal. Estas prácticas superan a menudo a las instituciones formales en términos de capacidad de respuesta, adaptabilidad y legitimidad. No obstante, estas prácticas y demandas más recientes, enfocadas en la justicia procedimental, el reconocimiento y la autonomía territorial, no reemplazan las reivindicaciones históricas por una mejor distribución de los beneficios económicos. Más bien, las amplían y profundizan. Las demandas por protección ambiental, derechos indígenas y participación democrática se articulan con frecuencia junto a reclamos por empleo local, inversión en servicios públicos y una distribución más justa de las rentas extractivas. Lo que emerge de esto es una contestación más multidimensional de la gobernanza extractiva, que combina simultáneamente demandas distributivas, procedimentales y de reconocimiento.
5.2 Transformaciones limitadas, tensiones persistentes
A pesar de estos ejemplos, los ejemplos de gobernanza transformadora siguen siendo escasos y frágiles. La mayoría de las respuestas al conflicto continúan basándose en formas de inclusión simbólica o en soluciones transaccionales. Incluso en los casos donde la participación ha sido institucionalizada, las asimetrías de poder entre empresas, Estados y comunidades siguen siendo difíciles de superar, y no se promueven en general resultados transformadores.
Además, algunos conflictos derivan en reacciones institucionales adversas en lugar de reformas. En Jujuy y Mendoza, la movilización popular logró revertir temporalmente ciertas reformas, pero los actores estatales rápidamente buscaron nuevas vías para restablecer las condiciones de inversión. Este ciclo de movilización y retroceso refleja la tensión estructural entre la explotación de recursos a corto plazo y una gobernanza democrática de más largo plazo.
No obstante, estas tensiones han generado espacios críticos de disputa y aprendizaje. Como han señalado Marín y Cremaschi (2025a), incluso si un modelo plenamente “transformador” no es posible, el conflicto puede funcionar como un laboratorio de gobernanza, donde se ponen a prueba y se refinan nuevas ideas, alianzas y mecanismos.
5.3 ¿Hacia una gobernanza más democrática?
Los principios clave que se derivan de los conflictos en Argentina y Chile muestran la necesidad de una gobernanza más inclusiva y receptiva. La participación debe ser temprana, amplia (involucrando no solo a los actores formales, sino también a aquellos que suelen ser considerados periféricos en la toma de decisiones, como organizaciones indígenas, asambleas territoriales y actores comunitarios locales) y vinculante, con el fin de reconstruir la confianza y evitar la polarización. Las visiones territoriales y los sistemas de conocimiento deben ser tomados en serio, y no filtrados o desestimados por la primacía de procedimientos tecnocráticos. Además, el reconocimiento de la diversidad (esto es, jurídica, ambiental y consultiva) debe ser transparente y genuinamente receptivo a la variedad de actores comunitarios involucrados, no solo a sus representantes formales.
Estas no son propuestas de modelos ideales, sino reflexiones basadas en evidencia empírica. A medida que se acelera la transición energética, la legitimidad de la minería y, particularmente su capacidad para contribuir al desarrollo sostenible, dependerá no solo de las tecnologías o del acceso a los mercados, sino de la capacidad de construir instituciones inclusivas y adaptativas que respondan a las demandas que emergen desde abajo.
Este artículo ha mostrado que la resistencia socioambiental a la minería en Argentina y Chile no es simplemente un obstáculo a ser gestionado, sino una fuerza dinámica que está reconfigurando el paisaje institucional y político de la gobernanza extractiva. Lejos de ser uniforme o meramente reactiva, estos movimientos están anclados territorialmente, son diversos en sus estrategias y están cada vez más conectados con debates más amplios sobre justicia, participación y transformación. Sus acciones han producido resultados concretos: desde la suspensión de proyectos y reformas legales hasta la creación de prácticas de gobernanza innovadoras y desde abajo.
Sin embargo, a pesar de avances importantes, existen todavía muchas tensiones sin resolverse. El cambio transformador ha sido parcial y desigual, limitado por la inercia institucional, las asimetrías de poder arraigadas y los imperativos económicos. La investigación futura debería buscar comprender en qué condiciones la resistencia fomenta la innovación democrática en lugar de la polarización, por qué ciertas estrategias resultan más efectivas en contextos específicos, y cuál es la sostenibilidad a largo plazo de las reformas institucionales impulsadas desde abajo.
También debería buscar comprender mejor por qué algunos proyectos mineros no generan una oposición visible o incluso llegan a recibir apoyo por parte de ciertos sectores de la sociedad civil. Aunque la evidencia en este sentido es limitada, la investigación existente sugiere que factores como la dependencia local de la minería para el empleo o el acceso a servicios, la confianza en las instituciones, la presencia de iniciativas de responsabilidad social empresarial (RSE) y la ausencia de amenazas ambientales percibidas pueden reducir la probabilidad de movilización (Conde y Le Billon 2017).
En Chile, Akchurin (2020) encuentra de forma similar que la oposición es más probable en comunidades agrarias o indígenas donde los proyectos representan riesgos evidentes para el uso de la tierra y el agua. Estos hallazgos señalan la necesidad de una investigación más profunda sobre las condiciones bajo las cuales las comunidades aceptan, toleran o incluso respaldan proyectos extractivos, así como sobre formas de involucramiento de la sociedad civil que no se expresan necesariamente como resistencia.
Una tarea central en este sentido es pasar del análisis de casos individuales a marcos que permitan capturar transformaciones sistémicas. Esto requiere comparaciones entre países e investigaciones transnacionales que permitan evaluar si los patrones observados en Argentina y Chile, donde la movilización desde abajo ha impulsado innovaciones en la gobernanza, se replican en otros contextos. Como muestran Marín y Palazzo (2025), mapear y caracterizar conflictos a escala global revela tanto dinámicas convergentes como diferencias regionales significativas.
También se requiere más trabajo para entender cómo las empresas se ven afectadas por la resistencia cívica. ¿Qué tipos de firmas son más propensas a verse involucradas en conflictos? ¿Estas tensiones influyen en las decisiones de inversión o desencadenan cambios tecnológicos? ¿Las empresas están adaptando, resistiendo o reformulando sus estrategias en respuesta a la contestación social? Responder estas preguntas exige repensar la noción de poder cívico y examinar los mecanismos institucionales a través de los cuales este puede reconfigurar los sistemas extractivos a gran escala. También requiere construir marcos interdisciplinarios que conecten las luchas territoriales con los procesos de transformación sistémica, y que al mismo tiempo incorporen perspectivas del Sur Global.
A medida que se acelera la transición energética, la capacidad de los Estados y las empresas para responder a las demandas territoriales, no solo a través de la consulta, sino también mediante formas de co-gobernanza y rendición de cuentas, será clave para determinar si la extracción de minerales continúa siendo un foco de conflicto social o si puede convertirse en una vía hacia un desarrollo más democrático y sostenible. Comprender y fortalecer las infraestructuras cívicas que hacen posibles estas alternativas ya no es solamente un imperativo normativo: es, cada vez más, una condición para la legitimidad y viabilidad de la propia transición verde.
1 Esta edición del IDS Bulletin contó con el apoyo parcial de una beca de la Fundación Ford titulada “Aprendiendo en las intersecciones de las transiciones justas: espacios de participación, voces desde los márgenes y alianzas intersectoriales en países ricos en recursos del Sur Global”. La British Academy también brindó un apoyo previo al proyecto “Creando espacios de diálogo sobre transiciones justas en las regiones africanas productoras de petróleo y gas” (2022), que contribuyó a sentar las bases de gran parte de este trabajo. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan las de las entidades financiadoras.
2 Anabel Marín, investigadora asociada, Institute of Development Studies (Reino Unido) y Conicet (Argentina).
3 Véase la Ley 5001 de Chubut.
4 Véase la Ley 7722 de Mendoza.
5 Véase la Estrategia Nacional del Litio, Gobierno de Chile.
6 El ayllu (quechua) es una forma tradicional andina de organización colectiva que combina parentesco, territorio y gobernanza comunal. Los territorios de los ayllus se gestionan de manera colectiva y reflejan profundos vínculos espirituales y ecológicos entre las comunidades indígenas y su tierra. Desempeñan un papel central en la identidad indígena y han sido espacios clave de resistencia frente a actividades extractivas que amenazan tanto los medios de vida como la continuidad cultural.
7 Véase Lunde Seefeldt (2022).
8 Véase Oh, Shin and Ho (2023).
9 Véase Banerjee et al. (2021).
10 Véase Urkidi and Walter (2011).
Akchurin, M. (2020) ‘Mining and Defensive Mobilization: Explaining Opposition to Extractive Industries in Chile’, Sociology of Development 6.1: 1–29, DOI: 10.1525/sod.2020.6.1.1
Aranda, D. (2013) ‘Simultaneous Protests Against Mining in 30 Cities’, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), 24 July (accessed 24 June 2025)
Banerjee, S.B.; Maher, R. and Krämer, R. (2021) ‘Resistance is Fertile: Toward a Political Ecology of Translocal Resistance’, Organization 30.2: 264–87, DOI: 10.1177/1350508421995742
Barberón, A. (2023) ‘Geopolítica y transición energética en el triángulo del litio: un análisis entre Argentina, Bolivia y Chile’, Revista CEERI Global 2.3: 78–101 (accessed 24 June 2025)
Böhling, K.; Murguía, D. and Godfrid, J. (2017) ‘Sustainability Reporting in the Mining Sector: Exploring its Symbolic Nature’, Business & Society 58.1: 191–225
Bustos, B.; Folchi, M. and Fragkou, M. (2017) ‘Coal Mining on Pastureland in Southern Chile: Challenging Recognition and Participation as Guarantees for Environmental Justice’, Geoforum 84: 292–304
Calzada Olvera, B. and Vergara-Fernández, M. (2024) The Investment Landscape in the Lithium Triangle: Implications for the EU’s Critical Raw Materials Act Agenda, UNU-MERIT Working Paper 21, Maastricht: United Nations University- Maastricht Economic and social Research institute on Innovation and Technology (accessed 24 June 2025)
Carmona, R. (2023) ‘Climate Change Governance and Indigenous Peoples Participation: An Analysis from the Chilean Case’, Environmental Politics 33.1: 114–37, DOI: 10.1080/09644016.2023.2180911
Catherman, C. (2020) ‘Chilean Desert Communities Fight Corporations for Water Mined for Lithium’, Medill Reports, 28 October (accessed 28 July 2025)
Conde, M. and Le Billon, P. (2017) ‘Why Do Some Communities Resist Mining Projects While Others Do Not?’, The Extractive Industries and Society 4.3: 681–97, DOI: 10.1016/j.exis.2017.04.009
Cortez, M. and Maillet, A. (2018) ‘The Multilevel Trajectory of a Promoting Coalition: Pascua Lama and Territorial Governance’, Colombia Internacional 94: 3–25
Devenin, V. (2021) ‘Collaborative Community Development in Mining Regions: The Calama Plus and Creo Antofagasta Programs in Chile’, Resources Policy 70: 101284, DOI: 10.1016/j.resourpol.2018.10.009
Dorn, F. and Gundermann, H. (2022) ‘Mining Companies, Indigenous Communities, and the State: The Political Ecology of Lithium in Chile (Salar de Atacama) and Argentina (Salar de Olaroz-Cauchari)’, Journal of Political Ecology 29.1: 341–59, DOI: 10.2458/jpe.5014
ECLAC (n.d.) Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (accessed 28 July 2025)
Flores Fernández, C. (2025) ‘Beyond Extractivist Logic? Contested Dynamics of Lithium Frontier Expansion in Chile’, Energy Research & Social Science 122: 104029, DOI: 10.1016/j.erss.2025.104029
Gaventa, J. (2006) ‘Finding the Spaces for Change: A Power Analysis’, IDS Bulletin 37.6: 23–33, DOI: 10.1111/j.1759-5436.2006.tb00320.x (accessed 24 June 2025)
Godfrid, J. (2024) ‘Corporate Social Responsibility and Environmental Governance in Chile’, Studies in Comparative International Development 59.2: 238–61, DOI: 10.1007/s12116-023-09419-7
Godfrid, J. (2016) ‘La estrategia comunicacional en el sector mega-minero: un estudio del caso La Alumbrera en Argentina’, Question 1.50: 297–314
Hadad, M. (2020) ‘The Persistent Threat of Mining Extractivism: Actors and Scenarios of Resistance in Contemporary Argentina’, Anuario de la Escuela de Historia 32, DOI: 10.35305/aeh.vi32.285
Hadad, M. and Palmisano, T. (2017) ‘When Territorialities Overlap: Prospecting and Governance in Famatina, Argentina’, Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad 4.10: 5–24
Harasim, K. (2020) ‘Argentina: Chubut Communities Unite Against the Mines’, Latin America Bureau, 23 August (accessed 24 June 2025)
Haslam, P. and Godfrid, J. (2023) ‘Lost in Corporate Translation: How Firms Mediate Between Social Mobilization and Regulatory Intervention in the Extractive Sector’, Latin American Politics and Society 65.3: 20–46
Haslam, P. and Godfrid, J. (2020) ‘Activists and Regulatory Politics: Institutional Opportunities, Information, and the Activation of Environmental Regulation’, The Extractive Industries and Society 7.3: 1077–85
IEA (2024) Global Critical Minerals Outlook 2024, Paris: International Energy Agency (accessed 30 June 2025)
ILO (n.d.) Indigenous and Tribal Peoples, International Labour Organization (accessed 28 July 2025)
IWGIA (2024) The Indigenous World 2024: Chile, Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs (accessed 24 June 2025)
Jamasmie, C. (2024) ‘Barrick to Spend $136 Million on Failed Pascua-Lama Project’, Northern Miner Group, 31 January (accessed 24 July 2025)
Jerez, B.; Bolados, P. and Torres, R. (2023) ‘La eco-colonialidad del extractivismo del litio y la agonía socioambiental del Salar de Atacama: El lado oscuro de la electromovilidad “verde” ’, Revista Austral de Ciencias Sociales 44: 73–91, DOI: 10.4206/rev.austral.cienc.soc.2023.n44-04 (accessed 24 June 2026)
Klein, L.; Muñoz-Torres, M. and Fernández-Izquierdo, M. (2023) ‘A Comparative Account of Indigenous Participation in Extractive Projects: The Challenge of Achieving Free, Prior, and Informed Consent’, The Extractive Industries and Society 15: 101270, DOI: 10.1016/j.exis.2023.101270
Laborde, A. (2024) ‘Las claves del controvertido itinerario político y judicial del proyecto minero Dominga en Chile’, El País, 11 December (accessed 24 July 2025)
Lunde Seefeldt, J. (2022) ‘Water as Property: Contention between Indigenous Communities and the Lithium Industry for Water Rights in Chile’, Latin American Policy 13.2: 328–53
Malinowski, M. (2023) ‘Chile Rejects $2.5 Billion Iron Mine on Environmental Risks’, Bloomberg, 18 January (accessed 25 July 2025)
Marín, A. (2025) ‘Citizen Participation in the Management of Natural Resources and Sustainable Territorial Transformation’, Territorial Development Series 25, LC/TS.2025/5, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
Marín, A. (2023a) ‘No es tan sencillo marginar a las disidencias’, Anfibia, 12 September (accessed 24 July 2025)
Marín, A. (2023b) ‘Bringing Democracy to Governance of Mining for a Just Energy Transition’, IDS Policy Briefing 213, Brighton: Institute of Development Studies, DOI: 10.19088/IDS.2023.039 (accessed 24 June 2025)
Marín, A. (2022) ‘It’s Not That Easy to Marginalize Dissent’, Revista Anfibia, 12 September (accessed 24 June 2025)
Marín, A. and Cremaschi, A. (2025a) ‘Litio y Desarrollo Sostenible en América Latina: Desafíos de Política para la Construcción de un Futuro Común’, LC/TS.2022/123, Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Marín, A. and Cremaschi, A. (2025b) Harnessing Public Engagement for Sustainable Resource Management and Territorial Transformation, Territorial Development Series 25, Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Marín, A. and Cunial, S. (2025) Mining Legitimacy: Governing the Politics of Resource-Based Green Industrial Policy, IDS Working Paper 623, Brighton: Institute of Development Studies, DOI: 10.19088/IDS.2025.046 (accessed 24 July 2025)
Marín, A. and Goya, D. (2021) ‘Mining – The Dark Side of the Energy Transition’, Environmental Innovation and Societal Transitions 41: 86–8, DOI: 10.1016/j.eist.2021.09.011
Marín, A. and Palazzo, G. (2025) ‘Civic Power in Mining Conflicts: Barrier or Catalyst for a Just Energy Transition?’, Environmental Research Letters 20.5: 054030, DOI: 10.1088/1748-9326/adc74f (accessed 24 June 2025)
Marín, A.; Murguía, D. and Itoiz, K. (2024) Argentine Lithium: Opportunities, Technologies and Policies to Develop its Value Chain, CENIT Working Paper 1, Buenos Aires: Centro de Investigaciones para la Transformación
Marín, A.; Palazzo, G. and Morales, J. (2024) Mining Conflicts in Latin America: Lessons for Public Policy from Emblematic Cases, CENIT Working Paper, Buenos Aires: Centro de Investigaciones para la Transformación
Marín, A.; Stubrin, L.; Murguía, D.; Carreras, E. and Palacin, R. (2021) Innovation and Competitiveness in Mining Value Chains: The Case of Argentina, Discussion Paper IDB‑DP-892, Washington DC: Inter-American Development Bank, DOI: 10.18235/0003720 (accessed 24 June 2025)
Medina, B. (2023) ‘Chile Rejects Dominga Mining Project, A Longtime Flashpoint for Environmental and Political Controversy’, International Consortium of Investigative Journalists, 19 January (accessed 24 July 2025)
Minería & Desarrollo (2022) ‘Por el rechazo a la minería en Chubut, Pan American Silver abandona el proyecto Navidad’, 25 August (accessed 28 July 2025)
Möhle, E. (2021) ‘Deciding Over the Territory Governance of Mining Conflicts: The Cases of Andalgalá, in Catamarca, and Famatina, in La Rioja, Argentina (2005–2016)’, Journal of Rural Studies 81: 9–16, DOI: 10.1016/j.jrurstud.2020.12.001 (accessed 28 July 2025)
Muñoz Vicuña, D. (2023) ‘Participación Ciudadana en la Metarregulación Chilena’, Revista de Derecho Administrativo Económico 37: 319–32, DOI: 10.7764/redae.37.11 (accessed 24 June 2025)
Murguía, D.I. and Obaya, M. (2024) ‘Exploring Conditions for Just Lithium Mining in South America: The Case of the EU Responsible Sourcing Strategy’, Environmental Research Letters 19.12: 124098
Newell, P.; Price, R. and Daley, F. (2024) ‘Landscapes of (In)Justice: Reflecting on Voices, Spaces and Alliances for Just Transitions’, Energy Research & Social Science 116: 103701, DOI: 10.1016/j.erss.2024.103701
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (2010) ‘Salinas Grandes Communities Denounce Exclusion from Lithium Project Decision-Making’, mimeo (accessed 28 July 2025)
Ocampo-Melgar, A.; Sagaris, L. and Gironás, J. (2019) ‘Experiences of Voluntary Early Participation in Environmental Impact Assessments in Chilean Mining’, Environmental Impact Assessment Review 74: 43–53, DOI: 10.1016/j.eiar.2018.09.004
Odell, S. (2021) ‘Desalination in Chile’s Mining Regions: Global Drivers and Local Impacts of a Technological Fix to Hydrosocial Conflict’, Journal of Cleaner Production 323: 129104, DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.129104
Oh, C.; Shin, J. and Ho, S. (2023) ‘Conflicts Between Mining Companies and Communities: Institutional Environments and Conflict Resolution Approaches’, Business Ethics, the Environment & Responsibility 32.2: 638–56, DOI: 10.1111/beer.12522
Página/12 (2019) ‘La rebelión de la vendimia contra la megaminería en Mendoza’, 28 December (accessed 24 July 2025)
Palmisano, T. (2020) ‘Conflictos socioambientales y territoriales en espacios rurales de la comuna de Putaendo (Chile)’, Agrarian World 21.48: 74, DOI: 10.24215/15155994e151 (accessed 28 July 2025)
Pan American Silver (n.d.) Navidad, Chubut, Argentina (accessed 28 July 2025)
Paredes, M. (2018) ‘The Transnationalization of Resistance to Mega Mining in Tambogrande and Pascua Lama’, America Latina Hoy 80: 73–94
Reuters (2013) ‘Chile Court Suspends Barrick’s Pascua-Lama Project’, 10 April (accessed 24 July 2025)
Romero-Toledo, H. (2019) ‘Extractivismo en Chile: la producción del territorio minero y las luchas del pueblo aimara en el Norte Grande’, Colombia Internacional 98: 3–30 (accessed 24 June 2025)
Romero-Toledo, H.; Videla, A. and Gutiérrez, F. (2017) ‘Exploring Conflicts Between Indigenous Communities and Lithium Mining in Chile: The Case of Cancosa’, Estudios Atacameños 55: 231–50
Scoones, I.; Newell, P. and Leach, M. (2020) ‘The Politics of Green Transformations’, in I. Scoones, M. Leach and P. Newell (eds), The Politics of Green Transformations, London: Routledge
Soloman, D.B. (2025) ‘As Chile Revs Up Lithium Plans, Indigenous People Demand More Control’, Reuters, 8 April (accessed 24 June 2025)
Soto Hernández, D. and Newell, P. (2022) ‘Oro Blanco: Assembling Extractivism in the Lithium Triangle’, Journal of Peasant Studies 49.5: 945–68, DOI: 10.1080/03066150.2022.2080061
Sovacool, B.; Martiskainen, M.; Hook, A. and Baker, L. (2019) ‘Decarbonization and its Discontents: A Critical Energy Justice Perspective on Four Low-carbon Transitions’, Climatic Change 155: 581–619, DOI: 10.1016/j.erss.2023.102013 (accessed 28 July 2025)
Svampa, M. (2020) ‘Society in Movement: Socio-Environmental Struggles in Argentina’, Rosa Luxemburg Foundation, 2 January (accessed 24 June 2025)
Svampa, M. (2019) The Frontiers of Neo-Extractivism in Latin America: Socio-Environmental Conflicts, Eco-Territorial Turn, and New Dependencies, Bielefeld: Bielefeld University Press
Temper, L. and Del Bene, D. (2016) ‘Transforming Knowledge Creation for Environmental and Epistemic Justice’, Current Opinion in Environmental Sustainability 20: 41–9, DOI: 10.1016/j.cosust.2016.05.004
Temper, L. et al. (2020) ‘Movements Shaping Climate Futures: A Systematic Mapping of Protests Against Fossil Fuel and Low‑Carbon Energy Projects’, Environmental Research Letters 15.12: 123004, DOI: 10.1088/1748-9326/abc197
Urkidi, L. (2010) ‘A Glocal Environmental Movement Against Gold Mining: Pascua-Lama in Chile’, Ecological Economics 70.2: 219–27, DOI: 10.1016/j.ecolecon.2010.05.004
Urkidi, L. and Walter, M. (2011) ‘Dimensions of Environmental Justice in Anti-Gold Mining Movements in Latin America’, Geoforum 42.6: 683–95, DOI: 10.1016/j.geoforum.2011.06.003
Vásquez, P. (2021) ‘Goosing Public Revenues Without Killing Chile’s Golden Goose’, Wilson Center, 14 May (accessed 24 June 2025)
Walter, M. (2008) ‘Nuevos Conflictos Ambientales Mineros en Argentina: El Caso Esquel (2002–2003)’, Revista Iberoamericana de Economía Ecológica 8: 15–28
Walter, M. and Wagner, L. (2024) ‘Transformative Environmental Conflicts: The Case of Struggles Against Large-Scale Mining in Argentina’, in I. Rodríguez, M. Walter and L. Temper (eds), Just Transformations: Grassroots Struggles for Alternative Futures, London: Pluto Press
Walter, M. and Wagner, L. (2021) ‘Mining Struggles in Argentina: The Keys of a Successful Story of Mobilisation’, The Extractive Industries and Society 8.4: 100940, DOI: 10.1016/j.exis.2021.100940
© 2025 The Author. IDS Bulletin © Institute of Development Studies | DOI: 10.19088/1968-2025.141 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International licence (CC BY), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original authors and source are credited and any modifications or adaptations are indicated.
The IDS Bulletin is published by Institute of Development Studies, Library Road, Brighton, BN1 9RE, UK. This article is part of IDS Bulletin Vol. 56 No. 2 November 2025 ‘Struggles for Justice in the Energy Transition: Voices from the Front Lines’; the Introduction is also recommended reading.